la definición de la condicionalidad del objetivo de combustibles de transporte renovables, introduciendo criterios cuantitativos y cualitativos de sostenibilidad para los biocarburantes (sostenibilidad social, derechos del uso de la tierra, efectos sobre la seguridad alimentaria y los precios, etc.) y haciendo especial hincapié en los problemas asociados al cambio indirecto del uso de la tierra.
la garantía del acceso de las energías renovables a la infraestructura de la red eléctrica, y la limitación del alcance de la cláusula de revisiónen 2014, para evitar una nueva negociación de los objetivos vinculantes.
En marzo de 2013, el Parlamento aprobó la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 pidiendo a la Comisión que presentara cuanto antes un marco político para 2030, incluidos los hitos y objetivos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, la energía renovable y la eficiencia energética. En su Resolución destacaba, en particular, la importancia que revisten los marcos reglamentarios estables para estimular las inversiones en energías renovables, la necesidad de un planteamiento más europeo con respecto a la política en materia de energías renovables que explote plenamente los mecanismos de cooperación ya existentes, y el papel específico que han de desempeñar la producción descentralizada y la microgeneración. El Parlamento instaba a la Comisión a que presentara un análisis y propuestas sobre las posibilidades de desarrollo sostenible y más eficiente de las fuentes de energía renovables en la Unión.
En junio de 2016, el Parlamento aprobó una resolución sobre el informe de situación en materia de energías renovables en la que pedía a la Comisión que presentara un paquete sobre clima y energía para 2030 más ambicioso que elevara el objetivo de la Unión en materia de fuentes de energía renovables hasta el 30 % y se aplicara a través de objetivos nacionales individuales, y subrayaba que los objetivos ya acordados para 2020 debían tomarse como referencia mínima a la hora de revisar la Directiva sobre energías renovables. El 17 de enero de 2018, el Parlamento respaldó que la cuota de la energía total procedente de fuentes renovables fuera de al menos el 35 % en 2030 y reforzó el autoconsumo en cuanto derecho.